(29-04-2012)
Si guardamos silencio, si miramos en otra
dirección cuando otros seres humanos más desvalidos son privados de los
derechos que, como personas, les corresponden, seremos cómplices.
¿Por qué esta afirmación ambigua?
Intentaré concretarla.
A veces conviene repasar documentos que casi
todos citamos alguna vez y , probablemente, no hayamos leído jamás.
Sumergirnos en su clarividente sencillez nos haría mejores. Hoy he leído una
vez más la Declaración Universal de los Derechos Humanos que aprobó y proclamó
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La
Segunda Guerra Mundial había dejado tras sí terribles secuelas para la raza
humana. Había llegado la hora de declarar nuestra humanidad solidaria y
universal.
En su artículo 2 establece lo siguiente:
Toda persona tiene todos los derechos y
libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza,
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición.
Además, no
se hará distinción alguna fundada en la
condición política, jurídica o internacional del
país o
territorio de cuya jurisdicción dependa
una persona…
En su artículo 25 establece:
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a
los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad.
La maternidad y la infancia tienen derecho a
cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o
fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
La reforma sanitaria del Partido Popular
atenta diametralmente contra esta Declaración. Probablemente, también contra
nuestra propia Constitución, contra muchos Estatutos de las Comunidades
Autónomas que tienen reconocido el derecho universal a la atención sanitaria de
todas las personas, y , sobre todo, contra la propia humanidad. Cuando
entre en vigor en septiembre, dejará sin protección sanitaria a muchos
extranjeros irregulares que están entre nosotros. Desde que se conocieron las
medidas afloran a los medios de comunicación testimonios desgarradores de
algunas de estas personas, condenadas a morir, si dejamos de prestarle
asistencia sanitaria.
Y si callamos, seremos cómplices de esta
atentado brutal contra el derecho universal de las personas a la salud. Será
como encerrarlos en un enorme campo de concentración, sin barreras ni
alambradas. Y no hará falta gasearlos. Bastará con dejarlos que mueran solos ante
nuestros ojos.
Y habremos aceptado que el Estado es como una
Sociedad Anónima en la que únicamente importa la cuenta de resultados de los
más favorecidos. Y ahora toca pagar los intereses abusivos del capitalismo
especulativo.
¿De verdad es esto lo único que cabe hacer…?
No seré cómplice. No seáis cómplices. Las mayorías absolutas no legitiman los
atentados contra los Derechos Humanos. Y si los llevan a cabo, las
deslegitimadas son esas mayorías.
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