(5-07-2012)
El 23 de febrero de 1981, en plena sesión de
investidura como Jefe de Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, el Parlamento
español fue tomado por las armas. El gobierno en pleno y todos los
representantes electos del pueblo se convirtieron en rehenes de un sector del
franquismo incapaz de asumir que la soberanía reside en la nación y no en
generales corruptos y embrutecidos por el ejercicio del poder dictatorial.
Aquel día supimos de la existencia de los
Secretarios de Estado. Con prontitud se organizó un gobierno provisional integrado
por todas las personas que ostentaban dicho cargo con la intención manifiesta
de mantener la legalidad vigente y defender la organización política que el
pueblo había elegido. Fue estimulante saber que la democracia, demasiado joven
todavía, había desarrollado recursos suficientes para afrontar una situación de
extraordinaria gravedad. Desconozco hasta qué punto la resistencia civil de los
Secretarios de Estado colaboró en el desmontaje de la intentona fascista
reverdecida en los patios cuarteleros, pero considero que el "gobierno
Laína" - el más corto de la historia de España, porque sólo ejerció
catorce horas- fue determinante en el mantenimiento del actual
ordenamiento constitucional.
Hoy viene a cuento hacer memoria de aquellos
acontecimientos. La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda se
niega a aplicar las recomendaciones del ministro Montoro para dulcificar las
condiciones de a amnistía fiscal que han solicitado los delincuentes
defraudadores. Aplicarán la Ley.
Ahora también estamos soportando un golpe de
estado, lento, permanente, urdido con descarnada habilidad de cirujano. Si no
se puede devaluar la moneda, devaluamos los derechos, devaluamos el Estado,
devaluamos la Constitución, devaluamos la Ley. Un capitalismo insaciable, irracional
y delictivo campa a sus anchas por España y por Europa, con el beneplácito de
gobiernos cómplices.
Y el último bastión defensivo es la propia
sociedad civil. En demasiadas ocasiones en los últimos meses el último bastión,
aunque no sea su función específica, lo representan los funcionarios públicos,
perseguidos, laminados, desprestigiados y empobrecidos.
Conocemos la ley. La aplicamos. Llegado el
caso, obligamos a los demás a observar su cumplimiento. Incluso, a los
ministros que la desprecian.
Hoy los Inspectores de Hacienda se han negado
a conculcar un principio fundamental de la democracia, la igualdad efectiva
ante la ley.
Buscaré en la alacena una botella de cava
olvidada de la última nochevieja. Sé que hay una por ahí. La meteré en el
congelador el tiempo necesario y brindaré por ellos, en silencio, con un brillo
de esperanza en la mirada. Porque este país vale bastante más que todos sus
gobiernos. Porque la sociedad civil encontrará la manera de recuperar para
nuestros hijos lo que nos están arrebatando. Porque sólo tienen el poder que
queramos otorgarles.
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