(3-05-12)
Hasta ahora había entendido que la salud era
un derecho. Pero soy funcionario. Para mí ha dejado de ser un derecho y acaba
de convertirse en una obligación. Si casualmente perdiera mi salud, cosa
razonable, dada mi edad, seré penalizado. No percibiré mi salario íntegro los
tres primeros meses de baja laboral. Poco importa que en treinta y tres años de
servicio no haya faltado a mi trabajo prácticamente nunca. Jamás por baja
médica, afortunadamente. Hay otras personas con peor fortuna en este aspecto.
¿Qué persigue esta medida del gobierno? ¿Se trata de una maniobra más de
distracción con titulares de prensa llamativos para ocultar otras medidas
ilegítimas a pesar de la mayoría absoluta? ¡Quizá! ¿Ahorrar dinero?
Probablemente quiera dar esa imagen. Pero es falso. Hay una carga intencional
de profundidad que casa más con el proyecto de desmontar el Estado, la única
empresa que parece preocupar a este gobierno: el desprestigio de la función
pública, antes de proceder a su demolición. Los funcionarios somos superfluos,
costosos, privilegiados, inútiles, nos pasamos el día con el periódico y el
cafetito...
Somos un blanco fácil.
Pero somos, también, las manos - y la
conciencia- del Estado para prestar servicios fundamentales a la ciudadanía,
esos servicios que son la única justificación de la existencia del Estado moderno.
En infinidad de aspectos, también en el
comportamiento eficaz y honesto de la mayoría de los servidores públicos,
nuestra función persigue la igualdad efectiva ante la Ley, el espíritu que debe
animar a un sistema democrático.
Lo demás es mentira, manipulación inmoral,
intenciones espurias y no confesadas.
Lo demás es táctica de una derecha
reaccionaria y dañina para este país. La serpiente, la garza, la grulla, que
Júpiter envió al estanque de las ranas descontentas.
Por cierto, el número de funcionarios en
España por cada mil ciudadanos es de los más bajos de Europa.
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