Educación a su medida

           El esfuerzo de una parte de la sociedad española en los últimos veinte o veinticinco años para convertirnos en un país del siglo XXI, superando el pesado fardo de la herencia de cuarenta años de dictadura y de vergüenzas históricas ante el resto del mundo, se diluye. Como si fuésemos una sociedad incapaz de salir del laberinto histórico tejido por el autoritarismo, la imposición de las creencias religiosas, el maniqueísmo que clasifica a los seres humanos en buenos y malos según una escala de valores arbitrarios, el desprecio a la naturaleza humana, la conciencia de que el país le pertenece sólo a un grupo, el miedo a la libertad del otro, el rechazo de la razón como instrumento de organización social y la despreocupación por el futuro.  

            Una parte de España anda perdida en ese laberinto. Venció en las urnas por el agotamiento del adversario, removiendo temores y recurriendo a la mentira. Y ahora decide.

            En nueve meses de gobierno no ha establecido ni una sola medida razonable. La mayor parte de esas medidas  nos han sido impuestas desde Europa. Pero las que han surgido de su escasa autonomía no persiguen mejorar la sociedad que le otorgó su confianza. Persiguen someter al país, deformarlo en el molde  burdo  de una  ideología regresiva y empobrecedora.

            Ahora le toca a la educación.

            No bastaba con el empobrecimiento al que han sometido a la enseñanza pública. No bastaba  con la eliminación de personal docente. No bastaba con la ampliación del cupo de alumnado por aula. No bastaba con la eliminación de profesorado de apoyo cuya función resulta primordial en una enseñanza inclusiva. No bastaba con la supresión de becas, el encarecimiento de su consecución, o el encarecimiento de las tasas de matrícula en los estudios universitarios, cuyo resultado principal es la segregación por rentas de quienes puedan acceder a esos estudios.

            No bastaba.

            Toca aplicar el molde empobrecedor y regresivo.

            La derecha y sus cómplices episcopales llevan años acusando a la educación pública de adoctrinamiento ideológico. Es falso. Rotundamente falso.

            Es la derecha la que concibe el proceso educativo como un proceso de adoctrinamiento y de clasificación social.

            Lo que plantea Wert, el gobierno del PP, no es una reforma educativa. Pretende instrumentalizar la educación para que colabore en su  proyecto de convertirnos en una sociedad sometida a los poderes dominantes: el capital, la iglesia católica y una organización social elitista y excluyente.

            El concepto de evaluación como instrumento clasificador a edades tempranas favorece  un fatal determinismo social para una buena parte de la población escolar. Será condenada a integrar la masa de mano de obra barata y acrítica que el capital necesita para completar el ciclo criminal que se ha iniciado con la crisis.

            La supresión de Educación para la Ciudadanía, una disciplina para la que habrían hecho falta muchas más horas de currículum y durante todos los cursos de Secundaria, es una concesión al integrismo religioso, empeñado en imponer sus criterios al resto de la sociedad. Y el cambio de la ley por vía de urgencia para seguir subvencionando a centros que segregan por sexos, en contra de lo establecido por el Parlamento, no es sino una muestra más de favorecimiento interesado a grupos ideológicos afines. Me pregunto qué pasaría si la medida segregadora la hubiera establecido el SAT en los colegios de Marinaleda, por ejemplo ¿Se habría apresurado Wert a proponer el cambio de la ley en el Parlamento con igual celeridad?

            Todas las medidas empobrecedoras  en su conjunto alejan cada día un poco más a la población con menos recursos económicos del acceso igualitario a cualquier nivel de educación. De hecho, dejan a esa población con escaso margen de alcanzar puestos de responsabilidad en la gestión de la sociedad del futuro. Y  es sabido que los pobres solo acceden a esas funciones por méritos más que demostrados.

            La sociedad abierta empieza a ser también insostenible.

             Sacarán esta ley por mayoría; sin debate, sin acuerdos con los demás grupos parlamentarios. Deben pensar que España es suya. Que el modelo educativo de un país se soluciona por decreto, que los que no ganaron las elecciones nada tienen que decir en un aspecto primordial para el futuro del mismo.

            ¡Cuánta soberbia! No saben gobernar en democracia.

            No respetan las leyes, ni respetan al pueblo soberano. Están aún en las trincheras de alguna guerra antigua. Quien no me vota es mi enemigo. Quien no tiene mayoría, ha perdido el derecho a la palabra.

            La ley encierra, también, una amenaza: la movilidad del funcionario. Ya se contempla ¿Qué falta hacía esgrimirla de forma tan notoria? La previsible contestación del profesorado tiene encima la espada de Damocles. La Ley, como cualquier engendro de esta derecha inútil y primaria, viene teñida por un viejo autoritarismo  ¡Ay de los insumisos!

            Y como cada decisión política en los últimos tiempos, no olvida el objetivo no confesado, pero siempre presente, de cercenar competencias a las Comunidades. Poco a poco las  dejarán sin la más mínima autonomía, y entonces será la hora de plantear su supresión.

            Cuando ellos ya no estén, cuando los arrojemos por la borda de las urnas, habrá que reinventarlo todo, recuperar durante años lo que nos están arrebatando en tiempo récord.

            Mientras tanto la burocracia se adueñará de nuevo de los claustros. Habrá que rehacer programaciones, presentar documentos fehacientes de que hemos entendido la farragosa y hueca prosa de la nueva Ley y de los Decretos que produzca este parto infame. No habrá que poner demasiado empeño. Esta ley espuria nace destinada a un corto recorrido.