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sábado, 15 de septiembre de 2012

Algo que hacer (I)

 DEMOCRACIA QUE SÍ NOS REPRESENTE
Del Libro en preparación "Indignados de ayer " 
    
Tomemos como referencia las últimas elecciones generales del 20 N de 2011, que han otorgado mayoría absoluta al Partido Popular. Todos los ciudadanos del país, en un sentido o en otro, sufrimos ahora las consecuencias de dicho resultado.
            Veamos  brevemente los números de la convocatoria electoral y saquemos las conclusiones pertinentes.
            No os cansaré demasiado con números. Pretendo reflexionar sobre la situación en todo caso. Demostrar que no es lógica.
            El  censo electoral- ciudadanos con derecho a voto- en las últimas elecciones generales ascendía a 35.779.491 personas. Para la representación de las mismas - de todas ellas- en el Parlamento, la ley tiene establecidos 350 diputados. La participación fue del 71,69%. Eso quiere decir que el 28,31% de las personas con derecho a voto no lo ejercieron. 10.129.174 no tuvieron motivos para ir a depositar su papeleta. No eligieron a ningún representante de los que se postulaban.
            Traducido, porcentualmente, a número de escaños que correspondería a  esos ciudadanos, 99 de los escaños preparados para representar a la ciudadanía,  no debería estar ocupados. Pero están ocupados y tienen color político.
            Porque la constitución del Parlamento, como infinidad de aspectos de nuestra organización social y política, se basa en arbitrariedades, en acuerdos, en disposiciones establecidas como parte de las reglas del juego. Y está establecido que el que no participa, en la práctica, otorga su representatividad al que lo hace. Para entendernos, los 350 escaños del Parlamento se distribuyen de acuerdo con la orientación del voto de los ciudadanos que participan. De hecho, las 10.129.174 personas que no votaron, ¡sí votaron!. Los 99 escaños que se quedaron sin representación han ido a engrosar proporcionalmente la representación de otros partidos, sobre todo los de representación mayoritaria.
            Aunque no sea exacto, por las particularidades de la ley de d´Hont, intentaré poner de manifiesto las consecuencias en nuestro mapa electoral del uso arbitrario de la abstención.
            Atendiendo a lo que establece la Ley d’Hont y , refiriéndonos sólo a los dos partidos mayoritarios como muestra de la contradición a la que nos estamos refiriendo, al PP le han correspondido el 44,62% de los votos emitidos   y al PSOE, el  28,73% de los mismos. En número de escaños, al PP le han correspondido 186 escaños, mayoría absoluta, y al PSOE  110.
            Si nos atuviéramos a la proporcionalidad que antes mencionaba, considerando que la abstención fuera exactamente eso, dejar sin representatividad 99 escaños, el porcentaje de voto recibido por el PP, en relación al ceso electoral, habría sido el 30,27%, ni un tercio de la totalidad de la ciudadanía con derecho a voto, sin justificación alguna para convertirse en mayoría absoluta en este Parlamento. Un tercio de su representación parlamentaria no la debe a la voluntad popular, sino a la Ley d’Hont. Y de forma aproximada, por la complejidad de aplicación de nuestra ley electoral, el número de escaños que le   correspondería ocupar en el Parlamento oscilaría entre 105 y 120, muy lejos de los 186 que ahora ocupa. Por su parte, al PSOE, habría obtenido un 19,49%, ni una quinta parte del voto ciudadano y le corresponderían entre 68 y 82 escaños de forma siempre aproximada. A veces un solo voto puede otorgar un escaño.
            Así que buena parte, un tercio o más,  de los escaños que ocupan los dos partidos mayoritarios no proceden de la confianza ciudadana en sus propuestas, sino  de las disposiciones que regulan el proceso electoral. De forma menos visible según nos alejamos de las opciones más votadas, la abstención pasa a engrosar la representación de todos los partidos. ¿Nos representan? La legitimidad de origen, ahora mismo, no es discutible. Son la reglas que rigen nuestra participación en la vida pública, las que regían el sistema electoral cuando tuvieron lugar las elecciones generales, pero, ¿es este el sistema que queremos, o es legítimo plantearnos su revisión…?
            Parece legítimo y veamos por qué.
            Por esa perversa deriva de la Ley d’Hont, en un cálculo aproximado, como acabamos de manifestar, un tercio de los escaños sobre los que el PP asienta su mayoría absoluta no son producto de la voluntad ciudadana. No obstante, son precisamente dichos votos los que le permiten establecer las medidas que un alto porcentaje de la población, incluyendo a sus propios votantes, rechazan ostensiblemente apenas ocho meses después de celebrarse las elecciones generales. Parece indudable que la aplicación de la Ley d’Hont pervierte la representatividad social en el Parlamento y tienen consecuencias, no sólo indeseadas, sino contrarias a la voluntad ciudadana.
            En segundo lugar, los partidos reciben subvenciones públicas – es uno de los cauces legales de su financiación- por los escaños obtenidos. Luego ese porcentaje de escaños, que moralmente no le corresponden, les generan recursos  y, al tiempo, generan costes injustificados a las arcas públicas. Injustificados moralmente. Ilegales, no, puesto que el actual sistema les permite recibir subvenciones tanto derivadas de la aceptación ciudadana a sus propuestas, del voto, como del silencio ciudadano, la abstención.
            Y en tercer lugar, cada diputado tiene sueldos, dietas, costes de alojamiento y un largo etcétera, como contraprestación a las funciones que desempeña. Siempre en teoría, pero siguiendo un planteamiento lógico, los 99 escaños que deberían ser la representación de la ciudadanía que no otorgó su confianza a ninguna de las candidaturas, no deberían estar dotados de dichas prestaciones. De hecho, deberían estar vacíos, para representar verazmente  la voluntad ciudadana.
            ¿Es modificable dicha situación? Casi nada es imposible para la creatividad humana, y, mucho menos, si forma yunta con la necesidad.
            La primera ocurrencia de una persona lógica sería plantear una modificación de la Ley Electoral mediante referéndum. Pero, como la situación actual beneficia claramente a los partidos mayoritarios, la sola posibilidad de poderlo celebrar ya resulta difícil. Y, en todo caso, ¿qué solución técnica aceptable para todo el mundo podríamos arbitrar para que la abstención estuviera representada en el Parlamento? En realidad, ninguna. La abstención tiene una casuística tan compleja y tan  indefinida que no encontraríamos nunca el procedimiento razonable para su representatividad. Incluso, parte de  ella responderá a quienes rechazan de plano el sistema democrático de representación parlamentaria.
            Se trata, pues de corregir la situación actual; se trata de no permitir que el silencio de la abstención se convierta en  poder usufructuado por el resto de candidaturas. Y, yendo algo más lejos, se trataría de recuperar una buena parte de la capacidad transformadora de ese voto, de ofrecer alguna alternativa que diera motivos para acudir a las urnas a una parte de esos ciudadanos que no se sienten representados por ninguna de las opciones políticas que concurren a las elecciones. Y ello, antes de modificar la Ley Electoral.
            Hay ya una iniciativa en marcha: Voto en blanco computable, programa del partido, legalmente constituido “Escaños en blanco” que ha participado en las últimas elecciones municipales y en las  autonómicas del 2012, celebradas en Andalucía y Asturias. Presenta listas electorales, como cualquier partido, y tiene un único punto en su programa electoral: No tomar posesión de los escaños asignados. Su yacimiento de votantes estaría entre quienes se inclinan por el voto en blanco, que sencillamente se elimina en la distribución de concejales, diputados, senadores y demás representantes electos en cualquier convocatoria, y quienes se inclinan por la abstención.
            Esta opción cumpliría con el cometido de desvirtuar las contradicciones que hemos reseñado: evitar que la abstención se compute como voto de las demás opciones políticas, y ahorrar los costes que derivan de esa perversión del sistema electoral. Hasta ahí cumpliría un cometido razonable en caso de prosperar en el futuro. Pero, en realidad, aunque tuviera éxito y arrebatara un buen porcentaje de la abstención a los partidos tradicionales, la distribución de fuerzas parlamentarias  sufriría alguna modificación, pero aquellas personas que no se identifican con ninguna de las propuestas de los partidos seguirían sin voz. Y se trata de tenerla.
            En el paseo por la historia que en breve empezaremos podremos comprobar que, casi siempre, el objetivo primordial de los indignados de la historia ha sido  estar donde se cocinan las leyes, donde se establecen los criterios para regular las relaciones humanas y el equilibrio de poder. Y podemos asegurar que los avances políticos y sociales, las conquistas sucesivas de cotas crecientes de igualdad ante le ley, ha sido producto de quienes quisieron ganar protagonismo en el proceso. 
            No será empresa fácil, desde luego. Pero la dificultad principal estriba en la indecisión de quienes sienten necesaria esa transformación, esa reiniciación del sistema. ¿Quién debe reiniciarlo? La ciudadanía. Ya se ha dicho en estas páginas. La solución de la actual situación social, política y económica será un proceso ciudadano o no será.


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