Ni
siquiera las Consejerías de Educación de las Comunidades gobernadas por el PP
aceptan la redacción de la Ley de Educación con la que Wert promete “mejorar los resultados
académicos de España y evitar los abandonos tempranos”.
No es extraño. Esta Ley es
“revanchista e ideológica” según la mayoría de los expertos educativos. No
persigue beneficio alguno para sus destinatarios. Persigue, de manera
manifiesta, el deterioro de la oferta educativa del país.
Pero, no es eso lo
que sus afines le reprochan. Le reprochan los gastos que ocasionará a las
respectivas Consejerías de las Comunidades autónomas la elaboración y
corrección de las pruebas de selección temprana o de expulsión del sistema a
las que el ministro llama reválidas. Y, sobre todo, le reprochan tibieza.
Como es sólo un borrador, aun caben
daños infinitos.
Sobre la mesa de negociaciones hay
una demanda de los consejeros afines al gobierno, la prohibición de ejercer el
derecho de huelga a los estudiantes.
Pero la demanda más urgente de las
Consejerías de Educación de las Comunidades donde gobierna el Partido Popular
es la confirmación de los objetivos verdaderos de este partido con respecto a
los servicios del Estado, la privatización de los rentables para aquellos que
puedan pagarlos, y el empobrecimiento de los demás para quien no tenga otro
remedio que recurrir a ellos, es decir la beneficencia a cambio de nuestros
impuestos.
La desigualdad se hizo carne y
habitó entre nosotros definitivamente, bendecida por las leyes que la derecha
revanchista y mercantil aprueba para beneficiar a sus cómplices históricos.
Lisa y llanamente se solicita el
“blindaje” de la Enseñanza Concertada. La Ley, -reclaman-, debe dar cobertura
legal a la “cesión” de suelo público
para construir colegios concertados. He entrecomillado el término cesión para
que no pase desapercibido.
De eso se trata. Cesión a empresas
privadas y fondos de inversión de suelo público durante 75 años para la construcción de Centros privados.
Como son expertos en disfrazar sus
intenciones depredadoras con buenas palabras, aducen libertad de elección de
las familias. El gobierno tiene una obligación ineludible; gestionar los
impuestos y devolverlos en servicios. Y hay algunos, cuya gestión ha de ser de su
competencia exclusiva: sanidad y educación deben estar garantizadas por el Estado con carácter universal y gratuito para todos los ciudadanos. En ambos casos compete al Estado garantizar a calidad de las prestaciones y dotarlas de recursos suficientes según las necesidades objetivas.
No se puede
dejar ni una fisura para que cualquiera de esos servicios se convierta en yacimiento
de negocios basados en necesidades sin atender por parte del Estado. Sólo así
se garantiza la igualdad de oportunidades.
La prestación de esos servicios,
como iniciativa privada, es admisible. Allá cada uno y sus preferencias. Pero,
como iniciativa del propio Estado, favoreciendo con cesiones de suelo público a empresas
privadas para entregarles la gestión de servicios que le corresponden a él en exclusiva,
deja al descubierto una vocación insana
de arrebatar derechos al ciudadano, incompatible con las obligaciones del Estado
y con la propia decencia.
En el concilio Vaticano II, la complicidad expresa y las alabanzas de los obispos y cardenales españoles hacia el dictador llenaban de
extrañeza a la jerarquía del resto del mundo. Alguno de ellos se justificó ante
la curia aduciendo una deuda moral. Franco les había devuelto el negocio de la enseñanza que la Segunda
República les arrebató. No lo dirían de forma manifiesta, pero, además del negocio, Franco les había devuelto la herramienta adecuada para la manipulación ideológica de la sociedad.
Quizá se trate de eso. Habrá que
devolverles la enseñanza de nuevo. El 80% de la enseñanza concertada está en
manos de la Iglesia. Puede que hayan maquinado que así devolverán el público a
las Iglesias vacías.
La iniciativa privada es negocio. La
obligación pública es ofrecer servicios. Los servicios fundamentales no pueden convertirse en un negocio. Algo no cuadra. Salvo en la conciencia
viciada de los políticos serviles, cuyo objetivo es negarnos
derechos fundamentales y favorecer a sus cómplices históricos con los votos del
pueblo al que desprecian.