Una ley basura

      Ni siquiera las Consejerías de Educación de las Comunidades gobernadas por el PP aceptan la redacción de la Ley de Educación con la que  Wert promete “mejorar los resultados académicos de España y evitar los abandonos tempranos”.

            No es extraño. Esta Ley es “revanchista e ideológica” según la mayoría de los expertos educativos. No persigue beneficio alguno para sus destinatarios. Persigue, de manera manifiesta, el deterioro de la oferta educativa del país. 

         Pero, no es eso lo que sus afines le reprochan. Le reprochan los gastos que ocasionará a las respectivas Consejerías de las Comunidades autónomas la elaboración y corrección de las pruebas de selección temprana o de expulsión del sistema a las que el ministro llama reválidas. Y, sobre todo, le reprochan tibieza.

          Como es sólo un borrador, aun caben daños infinitos.

         Sobre la mesa de negociaciones hay una demanda de los consejeros afines al gobierno, la prohibición de ejercer el derecho de huelga a los estudiantes.

            Pero la demanda más urgente de las Consejerías de Educación de las Comunidades donde gobierna el Partido Popular es la confirmación de los objetivos verdaderos de este partido con respecto a los servicios del Estado, la privatización de los rentables para aquellos que puedan pagarlos, y el empobrecimiento de los demás para quien no tenga otro remedio que recurrir a ellos, es decir la beneficencia a cambio de nuestros impuestos.

            La desigualdad se hizo carne y habitó entre nosotros definitivamente, bendecida por las leyes que la derecha revanchista y mercantil aprueba para beneficiar a sus cómplices históricos.

         Lisa y llanamente se solicita el “blindaje” de la Enseñanza Concertada. La Ley, -reclaman-, debe dar cobertura legal  a la “cesión” de suelo público para construir colegios concertados. He entrecomillado el término cesión para que no pase desapercibido.

            De eso se trata. Cesión a empresas privadas y fondos de inversión de suelo público durante 75 años  para la construcción de Centros privados.

            Como son expertos en disfrazar sus intenciones depredadoras con buenas palabras, aducen libertad de elección de las familias. El gobierno tiene una obligación ineludible; gestionar los impuestos y devolverlos en servicios. Y hay algunos, cuya gestión ha de ser de su competencia exclusiva: sanidad y educación deben estar garantizadas por el Estado con carácter universal y gratuito para todos los ciudadanos. En ambos casos compete al Estado garantizar a calidad de las prestaciones y dotarlas de recursos suficientes según las necesidades objetivas. 

          No se puede dejar ni una fisura para que cualquiera de esos servicios se convierta en yacimiento de negocios basados en necesidades sin atender por parte del Estado. Sólo así se garantiza la igualdad de oportunidades.

            La prestación de esos servicios, como iniciativa privada, es admisible. Allá cada uno y sus preferencias. Pero, como iniciativa del propio Estado, favoreciendo  con cesiones de suelo público a empresas privadas para entregarles la gestión de servicios que le corresponden a él en exclusiva, deja al descubierto  una vocación insana de arrebatar derechos al ciudadano, incompatible con las obligaciones del Estado y con la propia decencia.

            En el concilio Vaticano II, la complicidad  expresa y las alabanzas de los obispos y cardenales españoles hacia el dictador llenaban de extrañeza a la jerarquía del resto del mundo. Alguno de ellos se justificó ante la curia aduciendo una deuda moral. Franco les había devuelto el negocio de la enseñanza que la Segunda República les arrebató. No lo dirían de forma manifiesta, pero, además del negocio, Franco les había devuelto la herramienta  adecuada para la manipulación ideológica de la sociedad.

            Quizá se trate de eso. Habrá que devolverles la enseñanza de nuevo. El 80% de la enseñanza concertada está en manos de la Iglesia. Puede que hayan maquinado que así devolverán el público a las Iglesias vacías.

            La iniciativa privada es negocio. La obligación pública es ofrecer servicios. Los servicios fundamentales no pueden convertirse en un negocio. Algo no cuadra. Salvo en la conciencia  viciada de  los políticos serviles, cuyo objetivo es negarnos derechos fundamentales y favorecer a sus cómplices históricos con los votos del pueblo al que desprecian.