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lunes, 29 de octubre de 2012

El Estado favorece a los grandes evasores


 Por tanto, hay muchas cosas que cambiar.Pero ha de ser un cambio profundo, telúrico, radical. Porque estamos rodeados de indignidad insoportable, y hemos concedido la organización de nuestras vidas en la esfera pública, que tanto condiciona lo demás,  a cínicos, a  embaucadores, a inmorales, a cómplices de un crimen antiguo y, a la vez, cotidiano.
            Este verano leí el libro de Paul Krugman, premio Nobel de economía del año 2008, titulado “Acabad ya con esta crisis”. Ayer, Santos Juliá, en las páginas de opinión de El País hacía referencia a algunas de las denuncias del Nobel, que no tienen desperdicio. Veinticinco individuos que gestionan fondos inversión en los Estados Unidos ganaron, en el año 2006, 14.000 millones de dólares. Tres veces la suma de sueldos de los 80.000 profesores de la ciudad de Nueva York. Es decir, el sueldo de casi doscientos cincuenta mil profesores públicos de los Estados Unidos.

            Krugman y Santos Juliá hacen referencia a una situación insostenible. La desigualdad de la distribución de la riqueza. Nosotros podríamos añadir alguna reflexión moral. Si veinticinco individuos han ganado en un solo año 14.000 millones de dólares, seguramente todos merecen la cárcel. Esas ganancias no pueden ser legítimas. Serán producto de millones de actividades fraudulentas del capitalismo especulativo. Pura rapiña. La que está en el origen de esta crisis que soportamos todos. 

            Afirma el Nobel que una sociedad donde los derechos sociales cumplen la función redistributiva de la riqueza, además de ser más justa y equilibrada, saldrá con mayor prontitud de la crisis económica y se verá menos afectada por sus secuelas destructivas.

            Y yo lo creo. Y el único camino que los Estados tienen para esa distribución necesaria y equilibradora son los impuestos.

            Es justamente lo contrario que viene practicando este gobierno desde que le otorgaron la mayoría absoluta. Desmonta el Estado redistribuidor; desmonta los servicios; empobrece con sus políticas a la mayoría de la población y estimula el fraude fiscal.

            También en El País  (28-10-2012), en esas mismas páginas de opinión, Soledad Gallego-Díaz nos desgrana datos escalofriantes, que no hacen sino confirmar lo que ya sabemos. Estamos solos y condenados a soportar las consecuencias económicas y sociales de una crisis que no es nuestra. Habla esta mujer de las dimensiones del fraude fiscal. Las conocíamos, pero lo más terrible emana de los detalles, procedentes de la propia Página web de los inspectores de Hacienda.

              Según los expertos – inspectores de Hacienda- el fraude fiscal no hace sino aumentar exponencialmente cada año; el 80% de ese fraude lo comenten los grandes grupos empresariales, las empresas transnacionales y las grandes fortunas personales. Tiene nombres propios; Hacienda los conoce con nombres y apellidos. Pero sólo se persigue la pequeña deuda tributaria. La culpa no es solo de este gobierno. Otros gobiernos anteriores la comparten.

            Y no sólo porque España dedica muchos menos medios al control del fraude fiscal que cualquier otro país europeo de nuestro entorno, sino por las propias disposiciones legales. La más arbitraria de todas, la más inexplicable, la más insospechada para cualquier ciudadano de a pie, establece la obligación de cerrar cualquier investigación fiscal en un plazo de doce meses. Es decir, cuando los inspectores comienzan una investigación por indicios de fraude, o encuentran pruebas fehacientes de la existencia del fraude en un año, o deben cerrar el expediente. Un plazo que no responde a ninguna razón lógica, y cuya única finalidad objetiva es la protección de los grandes evasores.

            El gran delito fiscal, el multimillonario, es difícil de investigar; cuenta con el apoyo de infinidad de expertos, economistas, asesores, abogados, bancos que blanquean y cierran el rastro de las cuentas… Una selva virgen  llena de trampas bien urdidas.

            Y ningún gobierno ha propuesto el cambio de esta ley. Nadie en el Parlamento parece ser consciente de esta injustísima disposición que favorece el crimen organizado. No otra cosa es la evasión de impuestos Parece duro, pero sólo cabe catalogarlo como complicidad necesaria o inutilidad manifiesta.

            En ocasiones, la Inspección Tributaria desiste de iniciar determinadas actuaciones, a pesar de la importancia de las cantidades defraudadas, por el convencimiento de que en el plazo establecido será imposible concretar las pruebas.

            Y en otros casos, una vez demostrada la actuación ilegal, comienza el largo proceso de alegaciones, recursos, y demoras legales. Así, que mientras una deuda tributaria de mil o dos mil euros se cobra por la vía ejecutiva sin mayor problema, o mientras se ejecuta el desahucio de una familia por una deuda de seis mil euros –El País de ese mismo día-, las deudas millonarias por fraude fiscal duermen en los lujosos bufetes de abogados prestigiosos y expertos en enredar el procedimiento ante los tribunales. En la actualidad, según los datos que Soledad Gallego-Díaz aporta, más de cincuenta mil millones de euros es la deuda demostrada por los servicios de inspección tributaria y pendiente de cobro, sepa dios por cuántos años.

            Conocí a uno de esos expertos hace años por razones familiares. Ya sabéis que uno no escoge a su familia. Trabajaba a porcentaje sobre las cantidades de sus clientes que lograba hurtar al control del fisco. Y creedme, tenía entonces ingresos millonarios. Y hasta una disculpa moral. La misma que hoy le escuchamos al Partido Republicano de los Estados Unidos, que puede ganar las inmediatas elecciones. El Estado es un lobo depredador de nuestro dinero. El fraude es legítimo,  legítima defensa de lo nuestro, porque los impuestos son un robo que el Estado destina a sostener a los perezosos y a los débiles para garantizarse sus votos. 

            Estoy convencido, y comparto la opinión más autorizada de prestigiosos expertos y economistas, como Vinçent Navarro, de que el control del fraude fiscal habría evitado la situación económica del país y habría hecho innecesarios los recortes del Partido Popular.

            Una fiscalidad más objetiva y ajustada a la realidad nos habría permitido vivir en una sociedad más justa, sin el tremendo deterioro del nivel de vida, de la convivencia y de la credibilidad de las propias instituciones que todos soportamos.

            Es más fácil desmontar el Estado, depauperar los servicios equilibradores de las profundas desigualdades, saquear los bolsillos de los funcionarios, destruir millones de empleos, y aumentar los injustos impuestos indirectos.

            La fiscalidad justa genera sociedades saludables. Las desigualdades que el Partido Popular está consagrando, vía Real Decreto, nos devuelven a una España olvidada de contrastes dolorosos con dos tipos de individuos, los privilegiados y los desahuciados. Porque pronto, la gran mayoría seremos desahuciados morales; vagabundos en una patria deforme hasta resultar desconocida; un aguerrido ejército de hambrientos enemigos de este país, el nuestro, que una minoría inmoral y encanallada nos habrá arrebatado, con la connivencia de aquellos de nosotros a los que elegimos para defender nuestros derechos.

            Urge un cambio, profundo, riguroso, intachable. Urge un cambio, porque tenemos derecho a una vida decente.

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