Que estamos en una severa
crisis económica parece fuera de toda duda. Negarlo sería una estupidez.
Que esta crisis económica la ha
generado la confluencia de muchos factores criminales parece, igualmente,
indiscutible. Y el peor de esos factores ha sido la complicidad de quienes
tenían que velar por el cumplimiento de las reglas de salud del sistema financiero,
el Banco de España y los diferentes gobiernos democráticos. No lo hicieron.
Permitieron al capital, llevado por su ambición desenfrenada, acometer locuras
que hoy pagamos todos, especialmente las economías de tipo medio o bajo.
Que nuestra dependencia económica nos
está costando una sangría en derechos y prestaciones del Estado lo sufrimos en
nuestra piel de forma aguda y creciente.
También sufrimos la pérdida
insoportable de soberanía en el concierto europeo. Percibimos que la política
económica y social nos viene impuesta por los socios desconfiados de nuestra
capacidad de devolver los préstamos.
Que el gobierno aprovecha la crisis
con perversa intencionalidad ideológica para desmontar el Estado, llevar a cabo
reformas ultraliberales en contra de los derechos ciudadanos y las conquistas
sociales y privatizar los servicios públicos más rentables, no necesita
demostración alguna. Sólo personas muy obtusas podrían tener alguna duda al
respecto.
Y, sin embargo, aun aceptando todas
las premisas anteriores, esta crisis en España no debería dejar estas secuelas
que ponen en entredicho nuestro futuro y amenazan seriamente la convivencia
nacional.
Si cada uno de nosotros cumpliera sus
obligaciones fiscales, probablemente no habría crisis.
Yo leo con frecuencia las páginas
salmón de los periódicos: El analfabetismo en cuestiones trascendentales nos
hace manipulables; en el colmo de la incongruencia, hasta llegamos a entregar
nuestro voto al enemigo. De las muy serias páginas salmón he entresacado los
datos que os ofrezco. Son números sacados escrupulosamente de los informes de
los Inspectores Españoles de Hacienda y del Tax
Justice Networt, red inglesa de expertos en el fraude fiscal.
En 2011, el fraude fiscal en España
alcanzó la considerable cifra de 80.900 millones de euros.
Viene a significar que casi 250.000
millones de euros, una cuarta parte de nuestro PIB, no cotiza y se corresponde
con la producción de la economía "sumergida”. No sólo no cotiza, defrauda
por partida doble; gran parte de esa mano de obra "sumergida" no
cotiza a la Seguridad Social y compatibiliza su trabajo oculto con el cobro de
las prestaciones de desempleo.
Con esa cantidad defraudada, y
atendiendo a los presupuestos generales del Estado, España tendría cubiertos
los gastos de sanidad, desempleo, educación, cultura, los intereses de
nuestra deuda nacional y aun sobrarían 10.000 millones de euros, que el Estado,
se me ocurre, podría destinar a fomentar el empleo. Estimando cuarenta empleos
por cada millón de euros, de un plumazo solidario y rentable, cuatrocientos mil
desempleados volverían a la normalidad deseable y a ser el motor interno de
nuestra recuperación económica. Y con el ahorro de las prestaciones por
desempleo y la cotización por esos trabajadores, quizás algunos miles más de
personas podrían encontrar acomodo en un Estado solidario. Y cada empleo
directo genera movimientos positivos en el mercado de trabajo.
Rajoy sigue esperando milagros; cuentan
sus próximos que su máxima de conducta es que todo lo soluciona el tiempo y que
aquello que el tiempo no soluciona es que no tiene arreglo. Los españoles
le han dado la mayoría absoluta para que se siente a la puerta de la Moncloa a
ver cómo el tiempo arregla este país.
El gobierno no se cansa de repetirnos
que las medidas que nos aplica son las únicas posibles.
¿De verdad lo creéis?
Yo creo que no.
El gobierno en bloque, aupado en ese
púlpito inmoral desde el que airea mentira tras mentira, nos solicita
sacrificios. ¿A quién? Los técnicos de Hacienda denuncian que más del 70%
del fraude nacional tiene nombre y apellidos y lo cometen las grandes fortunas
patrimoniales y las grandes compañías. En cuyo caso no se trataría de solicitarles
sacrificios, sino estricto cumplimiento de sus obligaciones.
¿Sacrificios para qué? Para que
delincuentes sistemáticos sean cada día más ricos a costa de nuestro
empobrecimiento y del empobrecimiento del Estado; para que la democracia que
tanto nos costó conseguir pierda su eficacia y el afecto de la gente.
Quizá esa insolidaridad europea,
indudable por cierto, que tanto he denunciado, tendría que ser analizada a la
luz de estos datos de la economía española que Europa conoce con exactitud.
Europa sabe, como cualquiera de nosotros, que España es uno de los países
del mundo con mayor fraude fiscal. Y que ese fraude criminal ha multiplicado
por cinco las consecuencias de la crisis económica mundial dentro de nuestras
fronteras.
¿Hemos de convivir con esta lacra,
denunciada hasta la saciedad por los propios inspectores de Hacienda que
conocen con exactitud a los defraudadores?
¿De verdad las medidas que aplica este
gobierno son las únicas?
Con ellas, el paro aumenta cada día, el
aire viciado de la miseria se enrosca en nuestras vidas y los mejor preparados
emigran a generar riqueza en otros lugares de la tierra. Con una persecución
efectiva de los delincuentes que roban miles de millones, buena parte de los
sacrificios impuestos no serían necesarios. Sólo se trata de sacar las
conclusiones y actuar en consecuencia.
El que quiera
nuestro voto tiene que comprometerse a perseguir, de verdad, este crimen de Estado.
