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domingo, 13 de enero de 2013

Fraude

  
         Que estamos en una severa crisis económica parece fuera de toda duda. Negarlo sería una estupidez.
            Que esta crisis económica la ha generado la confluencia de muchos factores criminales parece, igualmente, indiscutible. Y el peor de esos factores ha sido la complicidad de quienes tenían que velar por el cumplimiento de las reglas de salud del sistema financiero, el Banco de España y los diferentes gobiernos democráticos. No lo hicieron. Permitieron al capital, llevado por su ambición desenfrenada, acometer locuras que hoy pagamos todos, especialmente  las economías de tipo medio o bajo.
            Que nuestra dependencia económica nos está costando una sangría en derechos y prestaciones del Estado lo sufrimos en nuestra piel de forma aguda y creciente. 
            También sufrimos la pérdida insoportable de soberanía en el concierto europeo. Percibimos que la política económica y social nos viene impuesta por los socios desconfiados de nuestra capacidad de devolver los préstamos.
            Que el gobierno aprovecha la crisis con perversa intencionalidad ideológica para desmontar el Estado, llevar a cabo reformas ultraliberales en contra de los derechos ciudadanos y las conquistas sociales y privatizar los servicios públicos más rentables, no necesita demostración alguna. Sólo personas muy obtusas podrían tener alguna duda al respecto.
            Y, sin embargo, aun aceptando todas las premisas anteriores, esta crisis en España no debería dejar estas secuelas que ponen en entredicho nuestro futuro y amenazan seriamente la convivencia nacional.
            Si cada uno de nosotros cumpliera sus obligaciones fiscales, probablemente no habría crisis.
            Yo leo con frecuencia las páginas salmón de los periódicos: El analfabetismo en cuestiones trascendentales nos hace manipulables; en el colmo de la incongruencia, hasta llegamos a entregar nuestro voto al enemigo. De las muy serias páginas salmón he entresacado los datos que os ofrezco. Son números sacados escrupulosamente de los informes de los Inspectores Españoles de Hacienda y del Tax Justice Networt, red inglesa de expertos en el fraude fiscal.
            En 2011, el fraude fiscal en España alcanzó la considerable cifra de  80.900 millones de euros. 
            Viene a significar que casi 250.000 millones de euros, una cuarta parte de nuestro PIB, no cotiza y se corresponde con la producción de la economía "sumergida”. No sólo no cotiza, defrauda por partida doble; gran parte de esa mano de obra "sumergida" no cotiza a la Seguridad Social y compatibiliza su trabajo oculto con el cobro de las prestaciones de desempleo.
            Con esa cantidad defraudada, y atendiendo a los presupuestos generales del Estado, España tendría cubiertos los gastos de  sanidad, desempleo, educación, cultura, los intereses de nuestra deuda nacional y aun sobrarían 10.000 millones de euros, que el Estado, se me ocurre, podría destinar a fomentar el empleo. Estimando cuarenta empleos por cada millón de euros, de un plumazo solidario y rentable, cuatrocientos mil desempleados volverían a la normalidad deseable y a ser el motor interno de nuestra recuperación económica. Y con el ahorro de las prestaciones por desempleo y la cotización por esos trabajadores, quizás algunos miles más de personas podrían encontrar acomodo en un Estado solidario. Y cada empleo directo genera movimientos positivos en el mercado de trabajo.
            Rajoy sigue esperando milagros; cuentan sus próximos que su máxima de conducta es que todo lo soluciona el tiempo y que aquello que el tiempo no soluciona es que no tiene  arreglo. Los españoles le han dado la mayoría absoluta para que se siente a la puerta de la Moncloa a ver cómo el tiempo arregla este país.
            El gobierno no se cansa de repetirnos que las  medidas que nos aplica son las únicas posibles. 
            ¿De verdad lo creéis? 
            Yo creo que no.
            El gobierno en bloque, aupado en ese púlpito inmoral desde el que airea mentira tras mentira, nos solicita sacrificios. ¿A quién?  Los técnicos de Hacienda denuncian que más del 70% del fraude nacional tiene nombre y apellidos y lo cometen las grandes fortunas patrimoniales y las grandes compañías. En cuyo caso no se trataría de solicitarles sacrificios, sino estricto cumplimiento de sus obligaciones.
            ¿Sacrificios para qué? Para que delincuentes sistemáticos sean cada día más ricos a costa de nuestro empobrecimiento y del empobrecimiento del Estado; para que la democracia que tanto nos costó conseguir pierda su eficacia y el afecto de la gente. 
            Quizá esa insolidaridad europea, indudable por cierto, que tanto he denunciado, tendría que ser analizada a la luz de estos datos de la economía española que Europa conoce con exactitud. Europa sabe, como cualquiera de nosotros, que  España es uno de los países del mundo con mayor fraude fiscal. Y que ese fraude criminal ha multiplicado por cinco las consecuencias de la crisis económica mundial dentro de nuestras fronteras. 
            ¿Hemos de convivir con esta lacra, denunciada hasta la saciedad por los propios inspectores de Hacienda que conocen con exactitud a los defraudadores? 
            ¿De verdad las medidas que aplica este gobierno son las únicas? 
            Con ellas, el paro aumenta cada día, el aire viciado de la miseria se enrosca en nuestras vidas y los mejor preparados emigran a generar riqueza en otros lugares de la tierra. Con una persecución efectiva de los delincuentes que roban miles de millones, buena parte de los sacrificios impuestos no serían necesarios. Sólo se trata de sacar las conclusiones y actuar en consecuencia. 
   El que quiera nuestro voto tiene que comprometerse a perseguir, de verdad, este crimen de Estado.