El 10 de junio de 2003, dos diputados, Eduardo Tamayo y
María Teresa Sáenz, elegidos en las listas socialistas, desertaron en la sesión
de investidura en la que debía ser elegido Rafael Simancas presidente de la
Comunidad con el apoyo de IU. Aquella deserción impidió, de hecho, la
investidura del candidato de izquierdas. Seis meses después se celebraron de
nuevo elecciones autonómicas y ganó Esperanza Aguirre. Con aquella situación aprendimos
que la fuerza de los votos no siempre resulta decisiva en democracia, porque
los seres humanos tienen precio y aprendimos también que los golpes de Estado
tienen cien formas de llevarse a cabo.
Desde 2003 la Comunidad de Madrid,
resconquistada por el brío de esa mujer de vocación ejemplar, es completamente
liberal. Quiero decir exactamente que se rige en la gestión política por
los principios de Esperanza Aguirre y sus secuaces. Uno de ellos
establece con meridiana claridad que cualquier servicio público susceptible de
generar beneficios debe ser privatizado con carácter inmediato.
En 2003 el liberalismo más auténtico,
el más feroz y depredatorio del Estado, le abrió a Alí Babá las puertas de los
Servicios Públicos de Salud de la Comunidad de Madrid.
Ahora un juez ha decidido imputar a
algunos de los implicados en el desmantelamiento de la medicina pública. Son
causas menores. Lo acostumbrado:
prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos... Entre los imputados hay dos ex consejeros de la señora
Aguirre, Güelme y Lamela; dos políticos en activo integrantes del actual
gobierno de la Comunidad, el Director General de Hospitales de la Comunidad de
Madrid y la Viceconsejera de Salud Pública; y
cinco responsables de empresas sanitarias beneficiadas del proceso de
privatización, entre otros Unilabs, Ribera Salud, Capio y Asisa.
Una de ellas, Capio, de la que alguna
vez hemos hablado con motivo de los irónico que resulta su nombre, está siendo
investigada por el juez para conocer a sus verdaderos accionista. Parece ser
una pantalla de sociedades que tienen su capital en Luxemburgo y en las Islas
Caimán, como sabéis territorios de piratas conocidos con un eufemismo generoso,
paraísos fiscales, territorios opacos a la actuación de las Haciendas
Nacionales y poblados por bandidos anónimos e influyentes. No sólo saquean la
medicina pública. Además hurtan sus beneficios al fisco.
Liberalismo puro.
En la actual oleada privatizadora ha
aparecido un invitado nuevo, HIMA San Pablo, una empresa afincada en Puerto
Rico, que afirma que aspira a gestionar hospitales públicos madrileños para
dedicarlos al turismo sanitario. Para los madrileños se recuperará,
probablemente, la beneficencia de los años de hierro del franquismo.
La tercera medicina pública más
desarrollada del mundo, la española, un modelo de gestión de salud pública
levantada con el esfuerzo colectivo para la atención de los ciudadanos del que
debemos sentirnos orgullosos, está siendo entregada sin condiciones a quienes
aprovecharán nuestro esfuerzo para el lucro de sus accionistas.
A pesar de este anuncio de los portavoces
de HIMA San Pablo, el gobierno de Madrid considera que la oferta de esta
empresa es una oferta seria, creíble y firme. González, el presidente madrileño
entronizado por Aguirre, afirma que si se dedica al turismo sanitario será
sancionada. Le ha faltado precisar con qué insignificante parte de sus
beneficios purgará su delito. La escasa penitencia que se impone a los
transgresores en ese mundo opaco donde el capitalismo mueve sus hilos hace que
la sanción nunca sea disuasoria. No pasa de ser un lavatorio de manos en el que
los cómplices, políticos y económicos, simulan restablecer el equilibrio roto.
Una burla más a la opinión pública.
De lo que no queda duda alguna es de que
hay una puerta giratoria que comunica el despacho de los responsables políticos
que programan la privatización de la medicina pública y los Consejos de
Dirección de las empresas beneficiadas. Un buen refugio para estos adalides del
liberalismo, cuando cumplen su parte del guión.
Llamemos a cada cosa por su nombre.
Liberalismo no es el término adecuado. El término adecuado es saqueo.
El pueblo madrileño debe sentirse un
pueblo rico. Ya se sabe que los ricos verdaderos votan a la derecha, porque es ese
el voto de la gente elegante, de la gente con clase que no necesita servicios
públicos masificados porque tiene dinero suficiente para cubrir sus necesidades
sin el concurso del Estado ladrón que nos roba los impuestos. Pues hacen lo que
deben. Los depredadores, -perdón, los liberales-, tienen un lema
extraordinario. "Tendrás cualquier derecho que puedas costearte".
Madrid está en el buen camino. Al menos, votando a esa derecha liberal, los
fumadores madrileños podrán fumar a cubierto en Eurovegas en el crudo invierno
mesetario. Una bendición de dios.
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