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martes, 25 de junio de 2013

Madrid, Madrid, Madrid...

   
            El 10 de junio de 2003, dos diputados, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáenz, elegidos en las listas socialistas, desertaron en la sesión de investidura en la que debía ser elegido Rafael Simancas presidente de la Comunidad con el apoyo de IU. Aquella deserción impidió, de hecho, la investidura del candidato de izquierdas. Seis meses después se celebraron de nuevo elecciones autonómicas y ganó Esperanza Aguirre. Con aquella situación aprendimos que la fuerza de los votos no siempre resulta decisiva en democracia, porque los seres humanos tienen precio y aprendimos también que los golpes de Estado tienen cien formas de llevarse a cabo.
            Desde 2003 la Comunidad de Madrid, resconquistada por el brío de esa mujer de vocación ejemplar, es completamente liberal. Quiero decir exactamente que se rige en la gestión política por  los principios  de Esperanza Aguirre y sus secuaces. Uno de ellos establece con meridiana claridad que cualquier servicio público susceptible de generar beneficios debe ser privatizado con carácter inmediato.
            En 2003 el liberalismo más auténtico, el más feroz y depredatorio del Estado, le abrió a Alí Babá las puertas de los Servicios Públicos de Salud de la Comunidad de Madrid.
            Ahora un juez ha decidido imputar a algunos de los implicados en el desmantelamiento de la medicina pública. Son causas menores. Lo acostumbrado: prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos... Entre los imputados hay dos ex consejeros de la señora Aguirre, Güelme y Lamela; dos políticos en activo integrantes del actual gobierno de la Comunidad, el Director General de Hospitales de la Comunidad de Madrid y la Viceconsejera de Salud Pública; y  cinco responsables de empresas sanitarias beneficiadas del proceso de privatización, entre otros Unilabs, Ribera Salud, Capio y Asisa.
            Una de ellas, Capio, de la que alguna vez hemos hablado con motivo de los irónico que resulta su nombre, está siendo investigada por el juez para conocer a sus verdaderos accionista. Parece ser una pantalla de sociedades que tienen su capital en Luxemburgo y en las Islas Caimán, como sabéis territorios de piratas conocidos con un eufemismo generoso, paraísos fiscales, territorios opacos a la actuación de las Haciendas Nacionales y poblados por bandidos anónimos e influyentes. No sólo saquean la medicina pública. Además  hurtan sus beneficios al fisco. 
            Liberalismo puro.
            En la actual oleada privatizadora ha aparecido un invitado nuevo, HIMA San Pablo, una empresa afincada en Puerto Rico, que afirma que aspira a gestionar hospitales públicos madrileños para dedicarlos al turismo sanitario. Para los madrileños se recuperará, probablemente, la beneficencia de los años de hierro del franquismo.
            La tercera medicina pública más desarrollada del mundo, la española, un modelo de gestión de salud pública levantada con el esfuerzo colectivo para la atención de los ciudadanos del que debemos sentirnos orgullosos, está siendo entregada sin condiciones a quienes aprovecharán nuestro esfuerzo para el lucro de sus accionistas. 
            A pesar de este anuncio de los portavoces de HIMA San Pablo, el gobierno de Madrid considera que la oferta de esta empresa es una oferta seria, creíble y firme. González, el presidente madrileño entronizado por Aguirre, afirma que si se dedica al turismo sanitario será sancionada. Le ha faltado precisar con qué insignificante parte de sus beneficios purgará su delito. La escasa penitencia que se impone a los transgresores en ese mundo opaco donde el capitalismo mueve sus hilos hace que la sanción nunca sea disuasoria. No pasa de ser un lavatorio de manos en el que los cómplices, políticos y económicos, simulan restablecer el equilibrio roto. Una burla más a la opinión pública.
            De lo que no queda duda alguna es de que hay una puerta giratoria que comunica el despacho de los responsables políticos que programan la privatización de la medicina pública y los Consejos de Dirección de las empresas beneficiadas. Un buen refugio para estos adalides del liberalismo, cuando cumplen su parte del guión.
            Llamemos a cada cosa por su nombre. Liberalismo no es el término adecuado. El término adecuado es saqueo.
            El pueblo madrileño debe sentirse un pueblo rico. Ya se sabe que los ricos verdaderos votan a la derecha, porque es ese el voto de la gente elegante, de la gente con clase que no necesita servicios públicos masificados porque tiene dinero suficiente para cubrir sus necesidades sin el concurso del Estado ladrón que nos roba los impuestos. Pues hacen lo que deben. Los depredadores, -perdón, los liberales-, tienen un lema extraordinario. "Tendrás cualquier derecho que puedas costearte". Madrid está en el buen camino. Al menos, votando a esa derecha liberal, los fumadores madrileños podrán fumar a cubierto en Eurovegas en el crudo invierno mesetario. Una bendición de dios.

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