Entre los infinitos
enjuagues de privatización de servicios públicos fundamentales llevados a cabo
por Esperanza Aguirre, el caso del Hospital de Collado Villalba roza lo
delictivo.
A pesar de estar terminado, por razones
exclusivamente políticas - cuadrar los presupuestos de la Comunidad de Madrid y
ajustar el déficit que Esperanza nos ocultó-, permanecerá cerrado en 2013.
Pero la empresa privada, Capio, que
accedió por convenio a la explotación de dicho servicio público cobrará de las
arcas de la Comunidad casi un millón de euros mensuales, IVA incluido.
La gestión es, desde luego,
ejemplar.
La Comunidad no presta un servicio que
se consideró prioritario en su momento para una población de más de 100.000
habitantes , tras declarar la obra "de interés general" para acelerar
los trámites. Pero los paga religiosamente, porque así lo estableció en su
convenio de explotación con el capital privado. Y los convenios están para
cumplirlos. Salvo - por citar uno sólo- el de los tres millones largos de
funcionarios que teníamos establecido en nuestro convenio laboral la
distribución de nuestro salario en catorce pagas anuales, a los que se nos
ha detraído una por decreto, de momento. Seguramente,
porque el incumplimiento de este convenio era imprescindible para garantizar
inmoralidades como la de Collado Villalba.
Que la privatización de los servicios
públicos ahorra costes es la gran mentira que argumentan desde las esferas de
poder del Partido Popular. He ahí la muestra.
Seguramente el convenio será legal.
Hasta ahí podíamos llegar. Pero hace tiempo que lo legal y lo justo o lo
legítimo amenazan divorcio agresivo en esta plutocracia corrompida en la que ha
degenerado nuestro sistema democrático.
Quien no desmiente el acierto con que
escogieron su nombre es esa empresa beneficiaria, "Capio".
Podría ser casualidad, pero más parece
broma de mal gusto. CAPIO es la primera persona del presente de un verbo latino
que significa "yo tomo, yo cojo, yo me apropio, yo capturo, yo me
adueño..." No puede ser más cierto. Se apropian de casi un millón de
euros mensuales de las arcas de la Comunidad de Madrid sin mover un clavo.
La raíz de ese verbo comporta un
significado estrechamente vinculado con el uso de fuerza y de violencia:
capturar, cautivo, en nuestra lengua, dan buena prueba de ello.
Pero ahora se estila una violencia
subterránea, que pasa desapercibida durante mucho tiempo a los ojos incautos.
Se denomina corrupción. Y se origina cuando los intereses del capital y del
poder político coinciden en la búsqueda del enriquecimiento personal y del
mantenimiento del poder esquilmando las arcas públicas. Mirad alrededor. Tenéis
cientos de ejemplos; cientos de nombres de implicados circulan por los medios
de comunicación.
El procedimiento es bien sencillo. El
capitalismo clientelar se garantiza el favor del poder político en el acceso a
los servicios públicos y comparte beneficios. Habitualmente, de la forma más
burda, es el cargo político el perceptor del beneficio corruptor. Pero ése es
un procedimiento de palurdos, de provincianos ambiciosos y torpes aunque les
fabriquen los trajes a medida. Esos, aunque más tarde de los deseable, suelen
caer en manos de la justicia.
La forma aristocrática es algo más
elegante y rebuscada. Dos eslabones de la misma cadena se aúnan para consagrar
esa unión contra natura.
De una parte, se coloca en puestos de
relevancia del organigrama empresarial a ex altos cargos políticos de
cualquier partido que, además de obtener salarios desmesurados, a veces por la
simple figuración en los organigramas, para garantizar su fidelidad, son el
puente fiable por el que circula el apoyo del poder político y, en dirección
contraria, el porcentaje que engrosa los recursos del partido para pagar sus
nóminas, sus campañas o los favores debidos.
De otra parte
están los vínculos, mucho más estrechos y poderosos, relacionados con la
consanguinidad o el parentesco. Se contrata para puestos de relevancia, en el
oscuro cajón de los asesores, a familiares próximos a quienes
ostentan el poder personal y se les ata por medio de potentes lazos económicos.
Este no suele fallar. Y no es de uso exclusivo para el dominio de los partidos
políticos. Se usa, igualmente para otras instituciones de poder verdadero, sea
este visible o esté oculto. Obsérvense las ocupaciones de algunos miembros de
la familia real, por poner un sólo ejemplo.
Así que
resulta legítimo emboscarse en la suspicacia. Legítimo y necesario.
Capio ya domina los centros médicos
privatizados de la Comunidad de Valencia, de inmaculada trayectoria corrupta en
la última década. Y empieza a dominar los de Madrid, obteniendo beneficios,
incluso un año antes de prestar servicios.
Yo ya no creo en casualidades.
Un día, cuando ya sea tarde para
evitar expolios, quizá afloren a la luz en el caso del hospital de Collado
Villalba esos vínculos contra natura con los que el actual gobierno y sus
cómplices históricos están desmontando de forma acelerada este país.
Ojalá, si ese día llega, tengamos aún
redaños para recuperar lo que perdimos. Y, redaños para poner ante el juez a
los que esquilman nuestros derechos y nuestros bolsillos en su exclusivo beneficio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario