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jueves, 25 de julio de 2013

La mayoría del veto.

        El sistema partidista hace imprescindible la existencia de un referente jurídico superior e independiente que valores si las leyes emanadas del legislativo se adecuan al espíritu de la Constitución. De otra manera, una mayoría absoluta podría dar al traste, como de hecho sucede, con las bien intencionadas disposiciones de la ley matriz.
            En teoría, esa es la función exclusiva del Tribunal Constitucional, evitar las derivas ideológicas - las perversiones, en ocasiones-, de las leyes aprobadas por mayorías tentadas de superar los límites constitucionales en favor de sus ideas, creencias, intereses, complicidades, o instrumentalizadas por intereses ajenos al interés común.
            No despreciaremos la competencia, es decir el profundo conocimiento de la Constitución y de los diversos cuerpos de la legislación española, como valor fundamental de los componentes de este selecto tribunal. Se les supone. En mucha mayor medida que el valor a los soldados. Yo fui soldado obligado en su día. Agotadas las prórrogas sin que se modificaran las leyes al respecto del servicio militar obligatorio, me vi obligado a escoger entre dieciocho meses de simulación  y adaptación curricular o seis años en una prisión militar. Elegí lo menos heroico. Y jamás sentí correrme por las venas ni ardor guerrero ni valentía añadida. Las cosas, como son.
            Pero, en el caso del Tribunal Constitucional, creo que el verdadero valor añadido, el que genera el acatamiento y el respeto a sus fallos lo da la independencia. Hemos de creer que sus decisiones están fundamentadas en la valoración objetiva. La contaminación ideológica visible resta credibilidad a sus decisiones.
            Y digo contaminación ideológica visible, porque no se nos escapa que ningún ser humano es un espíritu puro, sin ideología o inclinación política. Cada magistrado depositará su voto en la canasta de algún partido cuando se celebran elecciones, sin lugar a dudas. Contamos con ello, como contamos que cada uno de ellos buscará una interpretación de las leyes que satisfaga a su propia conciencia, sin quebrantar los límites legales.
            La militancia en el Partido Popular del actual presidente del Tribunal Constitucional y su ocultación durante la evaluación del Senado, previa a su nombramiento, ha provocado alarmas, justificadas desde mi punto de vista. Las obligaciones de los militantes, según los estatutos del partido Popular, implican la defensa de la ideología y del programa del Partido. Pues, de algún modo, este hombre se habrá visto a lo largo de su gestión en graves dilemas que afectarán o a su independencia como miembro del alto tribunal o  a la fidelidad a su partido.  Y, si no ha sido así, es legítimo pensarlo.
            La situación deriva de una concepción interesada del propio Tribunal Constitucional. Los partidos se reservan cuotas de selección de sus miembros según los resultados electorales. En el diseño del Tribunal Constitucional hay una manifiesta voluntad de convertirlo, también, en instrumento político de quien obtuvo la mayoría en las urnas. La independencia imprescindible es dudosa, porque es un tribunal teñido de ideologías políticas que condicionan sus decisiones. Así que lo de la militancia del presidente propuesto por el Partido Popular no es sino el colmo del descaro, el mismo descaro que esta derecha con poco respeto por las formas, e incluso por la propia Constitución, arrastra como marca de identidad.
            Hace escasos días vetó la comparecencia de Rajoy para dar explicaciones ante el Parlamento que lo invistió presidente de gobierno sobre las acusaciones de Bárcenas. Hoy es noticia que, también, veta la comparecencia del presidente-militante ante el Parlamento para dar las explicaciones que se le requieran en nombre de millones de españoles que también votamos a la oposición, existimos, pagamos impuestos y soportamos las cargas con las que este gobierno protege a sus compañeros de viaje.
         ¿Qué hay más natural que responder ante las dudas de un procedimiento o de una actuación confusa, cuando menos? ¿Qué hay más digno que aclarar las dudas suscitadas? ¿Qué hay más necesario que limpiar al Tribunal Constitucional del estigma de un funcionamiento partidario...?
         ¿Qué es, en suma, la democracia, sino control de la ciudadanía sobre las instituciones en quienes delegó su confianza y sus esperanzas, si además las sustenta con sus impuestos? Cada veto al control parlamentario de esta mayoría sin respeto a la diversidad del país es un límite a nuestros derechos democráticos. Tenemos derecho a conocer para evaluar y elegir en consecuencia, porque la soberanía es de cada uno de nosotros. No hay mayor verdad que ésa. Como si de una ballena corcovada se tratara, el PP engrosa cada día, alimentado por la corrupción que lo corroe y por los comportamientos antidemocráticos, -al menos, interpretación segada de los principios democráticos-, esa chepa de miseria que lo inhabilita moralmente para gestionar los destinos de un país.
            Esta gente me avergüenza. Han creído que el voto de la mayoría lo legitima todo. En realidad, o no saben o creen que no sabemos. Hay una legitimidad de origen que nadie les puede discutir. Ganaron las elecciones. Pero la legitimidad de ejercicio la han perdido casi desde el primer día. La legitimidad de ejercicio sólo la confiere el respeto a la diversidad, a los derechos, a las leyes, a los seres humanos. 
            Pueden seguir vetando. Es el mejor argumento para que nosotros, los ciudadanos, los vetemos a ellos en las próximas elecciones. Como es de justicia.
            En justicia, en realidad, nos corresponde refundar la democracia o habremos perdido la gran oportunidad que la Historia nos debía. Y tenemos medios para exponer con claridad qué cosas  son imprescindibles para confiar en el futuro. Si los instrumentos de hoy no son los adecuados, inventemos otros. Lamentarse no sirve para nada. Hay que crear.

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