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jueves, 12 de septiembre de 2013

Jueza ¿y parte...?

   No es que respete la independencia judicial. Es que la necesito. La necesitamos como última garantía frente a las inclemencias a las que nos someten los intereses económicos de la minoría dominante y sus cómplices emboscados en el poder político. La necesitamos frente a la inmoralidad de aquellos que, una vez han conseguido la delegación de nuestra sagrada soberanía, la venden al mejor postor considerándola una mercancía expuesta en alguna almoneda subterránea donde campan a sus anchas corruptores y corrompidos en medio del sofocante hedor de las ambiciones menos confesables. Y hablo de corrompidos de cualquier signo político, una lacra de las sociedades democráticas.
    Cada decisión judicial, como la recentísima suspensión de la privatización de los servicios de salud en la Comunidad de Madrid, poniendo freno a los desmanes que proliferan en el terreno bien abonado de las mayorías absolutas, nos refuerza la confianza y nos aumenta la seguridad en que el sistema democrático, a pesar de sus debilidades y de las asechanzas que proliferan por doquier, se ha dotado de recursos que garanticen sus supervivencia. Un poder judicial independiente y honesto es uno de ellos. En ocasiones, el último recurso; el más fiable.
    No siempre es así porque la justicia descansa, también, sobre hombros humanos. Y en algunas ocasiones las actuaciones de los seres humanos sobre los que recae la responsabilidad de impartir justicia y preservar el sistema nos despiertan sospechas.
   Su señoría, la jueza Alaya, es una de esas personas cuyas actuaciones ponen en duda la independencia judicial.
    Tendré que aclarar que no hablo de a qué personas estime necesario imputar en el enrevesado asunto de los ERE. Si la jueza Alaya ve indicios de culpabilidad en Griñán, Chaves o el cordero pascual, su obligación en esforzarse por ponerlos ante los tribunales y que purguen su culpa con las penas que legalmente les correspondan. En realidad hay que exigírselo.
    Pagamos impuestos para compensar desigualdades en las rentas. Nos organizamos como un Estado de Derecho y lo financiamos para que se haga cargo del establecimiento de servicios y públicos y medidas políticas y sociales con esa finalidad. No pagamos impuestos para el enriquecimiento ilícito de los cargos públicos, la protección de amigos y familiares, para la financiación subterránea de organizaciones de ningún tipo , ni para que los responsables políticos den rienda suelta a aficiones ocultas, como el Whisky escocés, la cocaína o las casas de lenocinio. Y quien tenga responsabilidad en el descontrol del uso que se hace del poder delegado, seguramente tendrá responsabilidades subsidiarias.
   Así que quien esté implicado en actuaciones de este tipo, independientemente de su cargo, del partido al que esté adscrito y del que se haya servido, debe ser puesto ante los tribunales, enjuiciado y castigado conforme a derecho. Eso nos pide el cuerpo y eso exigimos del poder judicial.
   La jueza Alaya sabe más que yo del caso de los ERE. Y yo no soy jurista para enjuiciar su procedimiento. Aunque hay juristas distinguidos y miembros del Consejo Superior del Poder Judicial que consideran su auto reciente como confuso, farragoso y absolutamente nulo. Y esa gente si sabe de qué habla.
    Incluso la Fiscalía, con una urgencia desacostumbrada, estudia el auto por si no se ajustara a derecho. No cabe duda de que su decisión - ese aviso de que podrían ser imputados, pero sin imputar a nadie en realidad- ha provocado una justificada alarma en el ámbito judicial. Las consecuencias de una nulidad podrían dar al traste con tres años de actuación judicial y muchos de los previsibles delitos pasarían al mundo inaprensible donde las culpas prescritas encuentran, si no rendención, el olvido obligatorio de la Justicia.
   Pero hay casualidades excesivas. Y son estas casualidades las que al ciudadano del común nos ponen sobre aviso. Son ya demasiadas ocasiones en las que los autos de Alaya coinciden con momentos políticos importantes en la Comunidad Andaluza. Hay ya demasiadas coincidencias como para que nos pasen desapercibidas. Sus autos más llamativos han coincidido con elecciones municipales, autonómicas o generales donde su amigo y colega magistrado en excedencia, Juan Antonio Zoido , o su partido, se jugaban las habichuelas. El último auto -¡Oh milagro! ¡Qué coincidencia!- es simultáneo a la toma de posesión del nuevo gobierno de Andalucía. Y no lo traslada a la opinión pública una agencia de noticias o un medio de comunicación, sino la oficina de prensa del PP que parece actuar como oficina de prensa de la jueza Alaya en este caso.
  Créame, señoría; si nos hurta la confianza en la independencia judicial, nos deja huérfanos; sin el clavo ardiendo del que asirnos o del que colgar nuestra esperanza.
    No caiga en la tentación de la derecha política, aunque la vote, lo cual es su derecho inalienable. No piense que la ciudadanía es imbécil y manipulable hasta donde sea preciso, porque las intenciones partidarias - cuando se esconden bajo decisiones judiciales- se perciben desde varias leguas. Incluso los magníficos trajes de diseño de los que su señoría hace gala, sin repetir ni uno, en las portadas de los periódicos y en los noticiarios, dejan las miserias al descubierto ante los ojos de la gente.
    Calcule la conveniencia de derramar gasolina en el incendio que ha provocado el presidente del Tribunal Constitucional, una institución de la que casi nadie dudaba y de cuya imparcialidad dudan ahora dos de cada tres españoles justamente, una vez conocida su militancia en ese partido que usted ha convertido en su oficina de prensa en el caso de los ERE y una vez escrutadas sus opiniones que bordean los límites de la Constitución, que debiera ser la referencia innegociable en los actos de cualquier funcionario público, porque somos la verdadera conciencia, las manos y el corazón del Estado.
    

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