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sábado, 10 de mayo de 2014

Europa, un dilema moral (II)

 En la anterior entrada, a vuelapluma, aventuraba algunas señales que alimentan mi seguridad de que nada cambiará y de que la Europa deshumanizada, fortalecida por el aprovechamiento ideológico de la crisis financiera, está en posición dominante según se desprende de los acontecimientos más llamativos de nuestra actualidad política.
            Con ello, no es eso lo peor. La ciudadanía europea maneja el convencimiento de que  los Parlamentos nacionales han perdido una gran parte de su autonomía; en muchos casos son una verdadera pantomima, puesto que su capacidad legislativa está lastrada poderosamente por las decisiones de Europa. Pero esa autonomía legislativa que pierden los países  no ha sido transferida al Parlamento Europeo, su destinatario natural. El Parlamento Europeo no ha participado prácticamente en la elaboración de las medidas con las que  Europa decidió afrontar las consecuencias de la crisis. En la práctica, el ciudadano europeo medio presiente que daría igual que el Parlamento Europeo no existiera. Ha recibido información permanente durante los últimos años de que las decisiones que más afectan a su vida han emanado del denominado Consejo, en la práctica Merkel, -el Bundesbank-, El BCE y,  como invitado especial a este reparto de medidas aciagas, el FMI; es decir, los integrantes de la Troika. Cualquier europeo consciente y capaz de analizar de forma racional la situación política europea percibe con nitidez que se ha despojado de autonomía, de soberanía, a los Parlamentos Nacionales y que esa capacidad de autogobierno se ha transferido a un poder espurio, al servicio del capitalismo financiero o a los intereses nacionales de Alemania. Es decir, que la democracia real en Europa hoy es una utopía.
            No obstante cuanto antecede, yo tengo resuelto el primer dilema moral. He decidido  votar. Puede que haya gente que se pregunte de dónde saco argumentos morales para hacerlo, una vez esbozadas las anteriores reflexiones.
            En primer lugar de la necesidad de reformar este sistema dañino.  Los avances democráticos han sido siempre obra de los colectivos empeñados en conquistar soberanía. En buena parte, nos la han arrebatado. Y no nos la devolverán si nos mantenemos aislados en nuestro desencanto o en la desesperación que producen las derrotas aparentemente inevitables.
            En segundo lugar, porque la abstención, lejos de provocar daño en los partidos mayoritarios que nos han conducido a esta situación indeseable, los refuerza. Quizás las cifras servirán para entenderlo.
            El  censo electoral español, - ciudadanos con derecho a voto-, en las últimas elecciones generales ascendía a 35.779.491 personas. Para la representación de las mismas - de todas ellas- en el Parlamento, la ley tiene establecidos 350 diputados. La participación fue del 71,69%. Eso quiere decir que el 28,31% de las personas con derecho a voto no lo ejercieron. 10.129.174 no tuvieron motivos para ir a depositar su papeleta. No eligieron a ningún representante de los que se postulaban.
            Traducido, porcentualmente, a número de escaños que correspondería a  esos ciudadanos, 99 de los escaños preparados para representar a la ciudadanía,  no deberían estar ocupados. Pero están ocupados y tienen color político. De hecho, las 10.129.174 personas que no votaron, ¡sí votaron!. Los 99 escaños que se quedaron sin representación han ido a engrosar proporcionalmente la representación de otros partidos, sobre todo, los de representación mayoritaria.
            Atendiendo a lo que establece la Ley d’Hont y, refiriéndonos sólo a los dos partidos mayoritarios como muestra de la contradición a la que nos estamos refiriendo, al PP le correspondieron el 44,62% de los votos emitidos y al PSOE, el  28,73% de los mismos. En número de escaños, al PP le correspondieron 186 escaños, mayoría absoluta, y al PSOE  110.
            Si nos atuviéramos a la proporcionalidad que antes mencionaba, considerando que la abstención fuera exactamente eso, dejar sin representatividad 99 escaños, el porcentaje de voto recibido por el PP, en relación al ceso electoral, habría sido el 30,27%, ni un tercio de la totalidad de la ciudadanía con derecho a voto, sin justificación alguna para convertirse en mayoría absoluta en este Parlamento.
            Un tercio de su representación parlamentaria no la debe a la voluntad popular, sino a la Ley d’Hont, y es precisamente ese añadido de la abstención el que le otorgó la mayoría absoluta con la que está desmontando casi todos los logros que el Estado democrático fue forjando. Una dejación que nos está costando muy cara.
            De forma aproximada, por la complejidad de aplicación de nuestra ley electoral, el número de escaños que le  correspondería ocupar en el Parlamento oscilaría entre 105 y 120, muy lejos de los 186 que ahora ocupa.
            Así que, gracias a la Ley d’Hont, mi abstención en las próximas elecciones engrosaría seguramente opciones políticas que de forma voluntaria no elegiría jamás. Apoyaría seguramente a los que permiten los paraísos fiscales, a los que echan sobre nuestras espaldas los rescates financieros, a los que establecen legislaciones laborales de la Primera Revolución industrial, a los que han convertido la recuperación económica íntangible en un eslogan publicitario para atrapar a personas ilusas y desesperadas, y a los que pescan en las aguas revueltas de la corrupción.
            Quizás os baste para entender por qué voy a votar.
            Y en cuanto a ese dilema moral tan importante y que a tantas personas no ha invadido en los últimos tiempos, a quién votar, otro día lo explicaré; necesita espacio y reflexión.



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